LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE BACHELET

En palabras de Oscar Wilde, “Comedia trivial para gente seria”, y que al igual que la obra de teatro, representan un mismo nombre, que lleva a confusiones, como lo es el nombrar a una novata que quizás sea muy brillante, pero que por desgracia, no le han dejado probar su valía en el campo de batalla, para llegar directamente a uno de los cargos cúspide en la administración del Estado.

¿Es un pecado de este gobierno?, en realidad no, solo perpetúa el viejo y conocido paradigma que para participar en el Estado, se debe contar con un tinglado mas o menos complejo de “contactos”, timing para estar en el momento y lugar preciso, junto con alguna calificación “deseable”. Sin embargo me podrían cuestionar que los instrumentos de entrada, llámense, Alta Dirección Pública, o Empleos Públicos, que debieran concentrar toda la oferta y demanda de puestos de trabajo en donde es necesaria experticia para realizar una actividad específica ya sea técnica o de dirección están funcionando y son eficaces ya que en su página web se felicitan y vanaglorian de exitosas gestiones. Pero en el fondo a juicio de la persona a pie, la señora Juanita, o este columnista, queda siempre un fundillo de duda respecto de que tan transparentes son los procesos de selección del Estado.

Al momento de postular a un trabajo, gran parte de la esperanza actualmente, es la de simplemente competir con los pares, definiendo en la cancha cuan preparado o experimentado como candidato se está en el “mercado”. Sin embargo en el mundo público específicamente en los cargos “a contrata”, esto es imposible.

Chile es una tierra de eufemismos en donde todo el mundo sabe lo que pasa, pero cuando se plantea, rápidamente se esbozan los…y si ya yo sabía, y acto seguido se sigue con la vida impertérritamente, pero a mí, personalmente me ocurrió una situación que, desconocía totalmente, pero que realmente sorprende en una sociedad moderna e inclusiva como la chilena y especialmente en su aparato público.

Todo comenzó, cuando en una postulación no estuve de acuerdo con la decisión tomada de excluirme del proceso, debido a que mi parecer existió una laxitud de forma en el proceso psicológico, hasta ahora todo normal, sin embargo, la respuesta fue bastante interesante y  por supuesto esperable, se denegaba mi solicitud, pero se esgrimía en una sola frase conceptos como “libertad de procedimientos” y “dictamen de contraloría”. En ese momento mi mente caía en profundas contradicciones, de acuerdo a lo que entiendo, por los esfuerzos modernizadores del estado que se ha prometido sistemáticamente desde la presidencia de Ricardo Lagos y como en el informe del CEP  (https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20171109/asocfile/20171109124242/un_estado_para_la_ciudadania_cep_.pdf ) en donde se plantea una modernización tecnológica, de procedimientos y de estructuras de toda lógica, pero al momento de la gestión de personas se enfoca en sólo fortalecer el Servicio Civil y la Alta Dirección Pública que son básicamente portales que hacen el nexo de ofertantes y demandantes.

La única imagen mental que se me crea es la siguiente: el chasis del mercedes de José Piñera sobre un motor y ruedas de un fiat 600.

Una gran parte de los trabajadores del Estado están bajo la modalidad de “Contrata”, que es otro eufemismo de contrato a plazo fijo, el cual hace poco fue de alguna forma regulado por la Corte suprema a falta de una contraloría eficiente, el regular por lo menos la estabilidad formal de los trabajadores, como pasa en el sistema privado respecto a la continuidad de servicios. Y estos trabajadores son el soporte de todo lo que se quiera o pueda hacerse al respecto de la modernización, pero cabe preguntarse, ¿es posible asegurar que el aparato del Estado sea capaz de replantearse por sí solo? La respuesta es que difícilmente pueda, dado que, las contrataciones pueden ser definidas arbitrariamente, así como lo lee, a libre elección.

¿Pero cómo es posible esto? Me pregunté, así que después de una muy corta búsqueda en el sitio web www.contraloria.cl  di con el fallo  011737N16 del 12-02-2016, el 32679 del 2013 y el 66642 del 2014, entre otros, en donde la Contraloría General de la República indica textual “ que la apreciación de los méritos de los postulantes o el mejor derecho de alguno de ellos para ser designado en determinado cargo, son materias propias de la autoridad administrativa, la que puede elegir a cualquiera de los postulantes seleccionados y no, necesariamente, a la que ocupe el primer lugar”.

Y para aumentar lo grave hay que tomar en cuenta lo siguiente:

-              Se producen desembolsos de los servicios públicos por servicios de asesoría en RRHH, muchas veces en procesos bastante onerosos, por una decisión que en el mejor de los casos costaría una conversación y un café, porque la Contraloría así lo permite.

-              El gasto de tiempo de los postulantes que muchas veces son citados en horario de oficina en extensas jornadas de entrevistas, sin contar las horas hombre de las comisiones examinadoras que se pierden y de las cuales su opinión no incide necesariamente en la elección final.

-              El gasto en dinero en traslado, papelería, pago de certificados, trámites para pedir estos certificados o declaraciones notariales (desde un certificado de antecedentes de $1500 a certificados universitarios que pueden llegar a los $60.000) y envíos por correo a oficinas de partes o de forma presencial y en donde la norma es exigir nutrida documentación que no queda claro si es que es la necesidad de reflejar antecedentes o un desincentivo para el postulante.

-              El daño a la institución por ingresar personal que posiblemente no esté calificado y el daño a la persona que acepta este tipo de cargo, tomando en cuenta que sea la fuente de muchas frustraciones propias y del personal a su cargo que las descargarían tarde o temprano en este o entre sus pares.

Todo esto amparado por la legislación y Contraloría, si se quiere terminar con los “amarres” de los que hemos sido testigos en estos meses y realmente empezar a modernizar el estado hay que partir de la base de que las contrataciones deben ser por mérito y por capacidades, si no, todo esfuerzo de modernización, quedara en eso, esfuerzo sin ganancia.

Enero de 2019